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Al 2030, en Ecuador se han garantizado los derechos de la naturaleza y se ha consolidado un modelo de gestión innovador y eficiente para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el cual incluye mecanismos intersectoriales de conservación, financiamiento y cooperación que permiten la sostenibilidad y manejo de las áreas bajo conservación, en corresponsabilidad con actores locales.

Se han mejorado los mecanismos de control de la deforestación en zonas de conservación y se han impulsado programas de reforestación y recuperación de ecosistemas terrestres y marinos.

Al 2030, el país promueve la gestión integral de recursos hídricos, incluso los recursos transfronterizos compartidos con nuestros países vecinos, a través de planes de acción estratégicos.

La declaratoria de áreas de protección hídrica ha permitido el manejo ambiental, productivo y social del recurso hídrico en calidad y cantidad para el uso y aprovechamiento en su orden de prelación, conservación de caudal ecológico, soberanía alimentaria, consumo humano y actividades productivas climáticamente inteligentes.

Al 2030, Ecuador registra avances significativos hacia la sostenibilidad energética, gracias a una legislación y políticas públicas que fomentan la eficiencia energética y apoyan la construcción de infraestructuras nuevas y modernas para el aprovechamiento de recursos naturales y la generación de energía a partir de fuentes renovables, tanto convencionales como no convencionales, incluyendo hidroeléctrica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz y geotérmica.

La transición energética, basada en tecnologías modernas y bajas en emisiones de efecto invernadero, se consolida como estrategia para superar la dependencia de fuentes de energía no renovable a través de financiamiento público y privado.

Al 2030, Ecuador ha fortalecido su sistema económico mediante una política fiscal eficiente y progresiva, un manejo responsable de las finanzas públicas orientado por la mejora en la calidad del gasto, medidas que no solo ayudan a fortalecer la dolarización, sino que también envían una señal positiva a los inversores, mostrando que el país está comprometido con políticas económicas sólidas y predecibles. Se ha logrado establecer un ambiente que permite el establecimiento de la inversión privada generadora de empleo adecuado, que mejora la productividad, incremento de exportaciones de mayor valor agregado e involucra a la población en general, con mejores condiciones de bienestar y desarrollo inclusivo.

Se han logrado avances significativos en el fomento del empleo juvenil, reduciendo notablemente la tasa de desempleo y de subempleo a cifras inferiores al promedio nacional, debido a la implementación de políticas activas de empleo y programas de capacitación que han incentivado la inserción laboral juvenil, en los sectores público y privado.

Se han establecido iniciativas de emprendimiento y programas de pasantías que facilitan la transición de los jóvenes del ámbito educativo al mercado laboral, ampliando así las oportunidades de empleo, acordes a sus habilidades y formación.

El país cuenta con un crecimiento inclusivo, con un ambiente propicio para fomentar la atracción e implementación de inversiones privadas generadora de infraestructura productiva, que mejora la productividad del país y, por ende, el valor agregado de sus exportaciones, en beneficio de la población, que tiene mejores oportunidades para un trabajo decente que conlleve mayor bienestar y desarrollo humano.

Al 2030, Ecuador ha desarrollado legislación y estrategias específicas destinadas a promover la diversificación de su matriz productiva y aumentar la producción de bienes con alto valor agregado, buscando una alternativa al tradicional modelo basado en la explotación y exportación de materias primas.

Las medidas implementadas para incentivar a los sectores productivos que se basan en el conocimiento y la innovación, sumadas a la atracción de inversiones y al incremento de la inversión pública en infraestructura de soporte a la producción han generado las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo digno.

Ecuador ha establecido políticas y marcos normativos dirigidos a fortalecer la economía popular y solidaria. Las iniciativas implementadas para promover el cooperativismo, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la facilitación del acceso al crédito y la formación en gestión empresarial han creado un entorno propicio para el desarrollo de actividades económicas basadas en principios de solidaridad y cooperación. Estas acciones, centradas en potenciar el desarrollo local, han contribuido a dinamizar la economía, generando empleo y fomentando una distribución más equitativa de la riqueza. 

De igual forma, se registra una mayor participación en el comercio mundial y la profundización de las relaciones comerciales con diversos países. Se promueven programas de promoción de exportaciones a través de mecanismos como misiones comerciales, ferias internacionales y otros, lo que permite que las empresas ecuatorianas puedan mostrar sus productos y servicios en los mercados internacionales.

El país es atractivo para la inversión extranjera, lo que impulsa el crecimiento económico, la creación de nuevas fuentes de empleo, la transferencia tecnológica y la diversificación económica.

Se han logrado avances significativos en la inclusión y el respeto hacia las personas con discapacidad, superando barreras históricas y confrontando prejuicios profundamente arraigados. A través de la implementación de políticas públicas efectivas y la adopción de una normativa más inclusiva, complementadas con campañas de educación y sensibilización, se ha promovido activamente la igualdad de oportunidades y el acceso universal a servicios esenciales. Estas iniciativas han sido fundamentales para garantizar la integración plena y efectiva de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad.

Asimismo, se han realizado esfuerzos notables en el ámbito de la igualdad intergeneracional, abordando las necesidades y derechos tanto de las generaciones más jóvenes como de las mayores. Se han implementado políticas públicas integrales que fomentan la inclusión y el respeto hacia los niños, adolescentes y personas mayores, reconociendo la diversidad de sus experiencias y contribuciones. La implementación de programas destinados a fomentar el desarrollo económico y social ha mejorado la calidad de vida de pueblos y personas en movilidad humana, impulsando la diversificación productiva y el acceso a servicios básicos, promoviendo e implementando el proceso de registro y regularización en el país.

Se ha fortalecido el sistema de educación intercultural bilingüe y la salud intercultural, la revalorización de los conocimientos, idiomas y expresiones culturales, respetando y protegiendo los territorios tradicionales. Así también, se ha incrementado la participación de pueblos y nacionalidades en espacios de consulta, diálogo y toma de decisiones.

Al 2030, la población ecuatoriana ha alcanzado una mejor calidad de vida a través de ciudades inteligentes que son inclusivas, sustentables y resilientes. El fortalecimiento de la infraestructura con la que se contaba y el desarrollo de nuevas alternativas de vivienda, transporte y salud con tecnología y fuentes de energía limpia, así como el diseño de políticas públicas con enfoque territorial han permitido reducir los desequilibrios y asimetrías entre áreas urbanas y rurales.

Contar con una planificación territorial basada en la vocación productiva de los territorios ha sentado las bases para el desarrollo integral de las áreas rurales, las cuales cuentan con acceso universal a salud, educación, vivienda digna, servicios básicos, conectividad y agua segura.

El desarrollo urbano sostenible es una prioridad y tiene como propósito asegurar el acceso a las oportunidades económicas y a la resiliencia territorial, a través de la construcción de entornos urbanos sostenibles.

La gestión articulada del entorno urbano, a través de la adopción de políticas coherentes y coordinadas entre el Gobierno central y los GAD, ha contribuido para incentivar las inversiones idóneas enfocadas a mejorar de la calidad del hábitat urbano, la recuperación del espacio público y al ejercicio del derecho a la ciudad para todas las personas.

Al 2030, Ecuador incrementa la inversión en tecnologías limpias y amigables con el ambiente en los sectores público y privado, promoviendo así la sustentabilidad ambiental de las actividades económicas e industriales bajo los principios de la economía circular.

Bajo ese contexto, el país cuenta con un plan de acción para la conducta empresarial responsable, que promueve las mejores prácticas ambientales en los procesos productivos, el respeto a los derechos humanos, el derecho al trabajo decente y la lucha contra la corrupción.

Para el 2030, Ecuador implementa acciones frente al cambio climático desde un enfoque multiactor, multinivel y territorial, lo que permite estar preparado para la mitigación, adaptación, pérdidas y daños, y medios de implementación. Estos últimos permiten gestionar el financiamiento con fondos multilaterales y bilaterales climáticos, que generan mecanismos innovadores de producción, empleo verde, con responsabilidad y sostenibilidad fiscal.

El impacto del cambio climático es diferenciado y desigual, y afecta en mayor proporción a las poblaciones más vulnerables, por lo cual se ha fortalecido la gestión del riesgo de desastres y lo que conlleva aumentar la resiliencia y la capacidad de adaptación con énfasis en las poblaciones y territorios con mayores niveles de vulnerabilidad.

La sociedad ecuatoriana ha avanzado en la superación de patrones socioculturales arraigados que, tradicionalmente, han fomentado la desigualdad social, la discriminación y las violaciones de los derechos humanos.

A nivel internacional se han reconocido los progresos de Ecuador en fortalecer el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres a través de acciones concretas destinadas a prevenir toda forma de violencia, incluyendo la incorporación del enfoque de género en el diseño de políticas públicas, el robustecimiento del sistema de justicia, la disponibilidad constante de información oficial y la mejora en la calidad y el acceso a servicios de atención para las víctimas. Estos esfuerzos han conducido a una disminución considerable en los tipos de violencia de género y en el número de femicidios a nivel nacional. Del mismo modo, se han logrado avances notables en el desarrollo e implementación de políticas dirigidas a combatir la discriminación y violencia contra personas LGBTI+.

La aplicación de incentivos para estimular la participación de las mujeres en el mercado laboral y la adopción de medidas para garantizar un espacio de trabajo libre de violencia y acoso han derivado en la disminución gradual de la brecha salarial y laboral entre hombres y mujeres, en los sectores público y privado. Paralelamente, el Estado y la sociedad reconocen la urgencia de avanzar hacia un sistema integral de cuidados que reduzca la carga de estas tareas sobre las mujeres y promueva la corresponsabilidad del Estado.