Mantener el equilibrio y la salud del ecosistema marino es una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía. América Latina y el Caribe enfrenta desafíos particulares en este ámbito: la región cuenta con más de 70.000 km de línea costera, el mar representa el 60% o más del territorio soberano de 22 países, y sectores como la pesca, el turismo y la actividad portuaria dependen en gran medida de los servicios ecosistémicos del océano. Al mismo tiempo, la contaminación por plásticos, la eutrofización costera, la destrucción de manglares y arrecifes de coral, y la pesca ilegal amenazan la integridad de estos ecosistemas. Enfrentar estas amenazas exige acuerdos internacionales de cooperación respaldados por una normativa ambiental sólida y una gestión basada en evidencia científica (CEPAL, 2019). En este marco, Ecuador ha consolidado importantes avances en la conservación y gestión sostenible de sus ecosistemas marino-costeros.
La conservación y el uso sostenible de los ecosistemas marinos son clave para la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Ecuador impulsa políticas públicas para proteger océanos y recursos marino-costeros, preservando la biodiversidad y promoviendo una gestión equilibrada entre producción y conservación. Una administración responsable del patrimonio marino fortalece la resiliencia de los ecosistemas, el bienestar de las comunidades costeras y la continuidad de los servicios ecosistémicos esenciales para el desarrollo nacional.
Al 2035, el Ecuador registra avances significativos en la protección y manejo sostenible de sus ecosistemas marinos, en concordancia con el eje de Ambiente del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029. El país ha consolidado un modelo de gestión innovador y eficiente del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que incorpora mecanismos intersectoriales de conservación, financiamiento y cooperación para garantizar la sostenibilidad y el manejo adecuado de las áreas bajo protección. Este modelo promueve la corresponsabilidad entre el Estado, las comunidades locales, el sector productivo y la cooperación internacional, fortaleciendo la gobernanza ambiental y la conservación del patrimonio natural marino.
Asimismo, se han impulsado acciones orientadas a la protección y recuperación de ecosistemas marino-costeros, mediante programas de restauración ecológica, reforestación y fortalecimiento de los mecanismos de control y monitoreo ambiental en zonas de conservación. Estas iniciativas contribuyen a preservar la biodiversidad marina, mejorar la resiliencia de los ecosistemas frente a las presiones ambientales y promover prácticas sostenibles en las actividades productivas vinculadas al mar. De esta manera, el Ecuador avanza hacia la consolidación de un modelo de desarrollo que reconoce el valor estratégico de los océanos y garantiza su conservación para las generaciones presentes y futuras.

El ODS 14 busca conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos que estos proveen. Mantener océanos sanos es fundamental para regular el sistema climático mundial, sostener la biodiversidad global y generar desarrollo económico en beneficio de las poblaciones costeras. Los océanos no reconocen fronteras, razón por la cual la cooperación internacional cumple un rol esencial para unificar esfuerzos entre los Estados, erradicar factores como la pesca ilegal y la basura marina, y garantizar que estos ecosistemas sean protegidos y utilizados de forma sostenible. Las organizaciones internacionales que mayor relacionamiento han presentado son: el Fondo Verde para el Clima (GCF), The Nature Conservancy, la Agencia Francesa de Desarrollo, Conservación Internacional, Wildaid y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Los temas de intervención específicos han sido los siguientes: